A siete años del asesinato de Samir Flores, reclaman justicia sin responsables intelectuales y acusan falta de avances
Familiares y Frente de Pueblos señalan que sólo uno de los presuntos autores materiales está detenido; advierten que el PIM sigue en disputa y que la investigación permanece sin sentencia.
- Redacción AN / LP
Por Estrella Pedroza
Durante este fin de semana, la comunidad de Amilcingo, municipio de Temoac, conmemoró siete años del asesinato del activista y comunicador comunitario Samir Flores Soberanes con una jornada que incluyó misa, marcha, homenaje escolar y visita al panteón.
La exigencia reiterada fue el esclarecimiento total del crimen cometido el 20 de febrero de 2019 y el procesamiento de todos los responsables.
Samir Flores, campesino, docente y fundador de la radio comunitaria Amiltzinko 100.7 FM, fue uno de los principales opositores al Proyecto Integral Morelos (PIM), que contempla dos termoeléctricas en Huexca, un gasoducto que atraviesa Morelos, Puebla y Tlaxcala, y un acueducto. Las obras comenzaron a finales de 2011 bajo impulso de la Comisión Federal de Electricidad.
Como parte de la conmemoración, pobladores, familiares, docentes y estudiantes de la primaria que él fundó participaron en una misa en la vivienda que habitó. Posteriormente, el contingente marchó hacia el plantel, con paradas en el sitio donde fue asesinado y frente a la cabina de la radio comunitaria.
En la escuela “Samir Flores Soberanes”, alumnas y alumnos realizaron un homenaje para recordar su labor como maestro y defensor del territorio, y más tarde familiares y acompañantes acudieron al panteón de la comunidad.
Exigencia a la Fiscalía General del Estado de Morelos
Durante la jornada, familiares reprocharon que ni la Fiscalía General del Estado de Morelos ni la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, de la Fiscalía General de la República, han logrado avances sustanciales. Liliana Velázquez, viuda del activista, señaló que de los cuatro presuntos autores materiales sólo uno permanece detenido: Javier “N”, alias “El Temalaco”, reaprehendido en septiembre de 2021 cuando ya estaba en prisión por otro delito. “¿Dónde están los autores intelectuales?”, cuestionó.
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Pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, exhortar a las fiscalías a profundizar en las indagatorias y garantizar justicia. Jorge Velázquez, integrante de la asamblea de Amilcingo, sostuvo que a siete años no existe sentencia y que las audiencias se han diferido en diversas ocasiones, lo que ha prolongado el proceso sin responsables intelectuales procesados.
Litigios contra el proyecto energético continúan
Juan Carlos Flores, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, recordó que el PIM fue impulsado hace casi 15 años y que desde entonces ha enfrentado resistencia comunitaria. Explicó que, además del proceso penal por el asesinato, continúan litigios contra el proyecto energético: se promovieron al menos 14 amparos, algunos ya resueltos y otros en revisión, particularmente en lo relacionado con el gasoducto y el uso del agua del río Cuautla para la termoeléctrica.
Añadió que existen suspensiones judiciales que, según el Frente, han sido vulneradas, por lo que el caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se encuentra en análisis de fondo por presuntas violaciones a derechos humanos. Sostuvo que, más allá de los tribunales, la exigencia de justicia también se mantiene en la organización comunitaria.
Samantha César, también integrante del Frente, afirmó que la termoeléctrica de Huexca no opera de manera regular, pese a los anuncios oficiales. Señaló que los beneficios prometidos no se reflejan en las comunidades y que la reducción de la movilización pública responde a un contexto de amenazas e intimidación.
Durante la marcha se escucharon consignas como “¡Samir vive, la lucha sigue!” y “¡No al PIM!”, así como señalamientos contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador por la continuidad del proyecto energético. A siete años del homicidio, familiares y organizaciones coincidieron en que el caso permanece sin resolución judicial definitiva y que la exigencia de justicia continúa vigente en Amilcingo.
