Víctimas de La Luz del Mundo exhiben posibles redes políticas en torno al caso

Sobrevivientes de La Luz del Mundo exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) que informe quién ordenó el no ejercicio de la acción penal en la investigación por abuso sexual, delincuencia organizada y presunto encubrimiento dentro de la organización religiosa, mientras presentaron un contrato de Canal Once relacionado con el político Hamlet García Almaguer que, afirmaron, apunta a posibles redes de influencia política.

En entrevista para Aristegui en Vivo, Sóchil Martín y Sharim Guzmán afirmaron que el anuncio de una revisión o reapertura del expediente no responde a su exigencia principal, que es conocer quién tomó la decisión de cerrar la carpeta de investigación y bajo qué criterios se determinó el no ejercicio de la acción penal.

Ambos coincidieron en que el proceso ha estado marcado por falta de claridad institucional, comunicación irregular con la Fiscalía y entrega tardía de información relevante para el seguimiento del caso.

Sharim Guzmán explicó que en etapas recientes del procedimiento han recibido información de forma desordenada, incluida la entrega de más de 2,500 hojas de documentación apenas un día antes de una audiencia, lo que, dijo, complica el análisis del expediente y el ejercicio de la defensa.

Sóchil Martín afirmó que el derecho de las víctimas no se agota en la continuidad del caso, sino en el conocimiento de las decisiones que lo interrumpieron.

México tiene derecho a saber quién decidió y por qué decidió el no ejercicio de la acción penal.

También denunciaron que el acceso a la información del caso ha cambiado con el tiempo, ya que antes mantenían una comunicación más cercana con la Fiscalía, mientras que ahora la consideran más limitada, lo que ha aumentado la incertidumbre sobre el estado del expediente.

Asimismo, los denunciantes también señalaron que el caso está vinculado con delincuencia organizada, al considerar que la estructura de la organización religiosa y las denuncias presentadas implican una red más amplia de operación, por lo que pidieron que la Fiscalía General de la República (FGR) mantenga una supervisión directa y permanente sobre la investigación.

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Los sobrevivientes insistieron en conocer qué autoridad dentro de la Fiscalía General de la República (FGR) tomó la decisión de cerrar el caso, al señalar que la falta de esa información impide identificar responsabilidades institucionales.

También se refirieron a declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el caso y señalaron que no tenía bien los datos o que la información que dio no corresponde con lo que ellos conocen del expediente.

Presentan contrato de Canal Once ligado a Hamlet García Almaguer

Asimismo, señalaron posibles redes de influencia política en torno al caso de La Luz del Mundo y exhibieron un contrato de Canal Once relacionado con el político Hamlet García Almaguer.

El contrato, fechado el 10 de febrero de 2025, identificado como SRMYS/81/25 y contrato interno XEIPN-0703-25, establece la prestación de servicios para conducir y transmitir mensajes informativos, realizar entrevistas y sintetizar información.

El documento detalla un esquema de pago por programa de 9,000 pesos por emisión, con un mínimo de ocho programas y un máximo de veinte, lo que representa un rango total de entre 72,000 y 180,000 pesos durante el periodo comprendido entre el 10 de febrero y el 30 de junio de 2025.

La adjudicación fue realizada por el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Canal Once, dependiente del Instituto Politécnico Nacional, conforme a la Ley de Adquisiciones del Sector Público.

Para los sobrevivientes, este tipo de contrataciones debe analizarse dentro del contexto del caso, debido a la presencia de figuras públicas que, sostienen, han tenido relación con la organización religiosa o con su entorno político, por ello, consideraron que se debe llevar a cabo una investigación más amplia sobre estas posibles refes de influencia.

Por su parte, Sharim Guzmán cuestionó que se les señale de recibir pagos por entrevistas o participación en medios de comunicación, al afirmar que esa versión no corresponde con la forma en que han participado en espacios informativos ni con la documentación que han recopilado.

En ese sentido, sostuvo que han sido objeto de desinformación y de intentos por deslegitimar su testimonio público, mientras el caso permanece sin resolución en México.

Los sobrevivientes también hicieron referencia a declaraciones públicas realizadas por Hamlet García Almaguer en 2020, en las que expresó respaldo al líder de La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, actualmente condenado en Estados Unidos tras declararse culpable en un acuerdo judicial.

Sólo hay un futuro para La Luz del Mundo, el crecimiento. Y sólo hay una persona que nos va a llevar ahí, el Apóstol Naasón Joaquín.

De acuerdo con los denunciantes, estas expresiones forman parte del contexto que debe analizarse al evaluar la posible influencia política de la organización religiosa y su relación con figuras públicas.

En contraste con la situación en México, los sobrevivientes retomaron el proceso judicial en Estados Unidos contra Naasón Joaquín García, quien fue sentenciado a 16 años de prisión tras un acuerdo de culpabilidad en California.

Sharim Guzmán consideró que, aunque ese proceso representó un avance importante, no refleja la totalidad del alcance de las denuncias ni del impacto de la estructura señalada.

Los 16 años no eran suficientes para esta persona por todo el peligro que representa él y toda su organización.

Agregó que el caso continúa en desarrollo en Estados Unidos, con la posibilidad de nuevas denuncias y líneas de investigación, mientras en México, dijo, la investigación permanece detenida o sin avances visibles.

Los denunciantes también alertaron sobre presuntos actos de intimidación contra personas que han participado en la denuncia o en la difusión del caso, aunque no precisaron el origen de dichas acciones.

Las intimidaciones ya empezaron, las llamadas ya empezaron de alguna manera.

Ante ello, hicieron un llamado a exintegrantes de la organización religiosa a romper el silencio y aportar información que contribuya al esclarecimiento de los hechos, al considerar que el caso tiene una dimensión mayor a la conocida públicamente.

Finalmente, insistieron en que la exigencia no se limita a la reapertura del expediente, sino a la transparencia sobre la decisión que llevó a su cierre y a la identificación de responsabilidades dentro de la Fiscalía General de la República.